Segundo Dia Del Jury

“No había situación que ameritara el apartamiento de Goyeneche”, declaró el procurador García

El procurador general de la provincia, Jorge Amilcar García, respaldó en su declaración testimonial a la suspendida procuradora adjunta y fiscal Anticorrupción, Cecilia Goyeneche, quien está siendo juzgada por presunto mal desempeño.

Al responder las preguntas de las defensas y la acusación, vinculó el jury con “el avance de causas de corrupción” y más precisamente con el expediente Contratos truchos de la Legislatura, que abarca un período de una década, de 2008 a 2018.

También, ante el Jurado de Enjuiciamiento, el jefe de los fiscales manifestó que “no había situación que ameritara el apartamiento” de Goyeneche de la causa Contratos truchos.

Antes de comenzar, García recordó que el Ministerio Público Fiscal tiene un interés en el desarrollo del jury, puesto que cuando se dispuso su apertura a fines de 2021 también se desplazó al organismo acusador de su facultad de llevar adelante su rol en el proceso, tal como lo prevé la Constitución provincial reformada en 2008.

“Nosotros tenemos planteados un recurso de queja ante el Superior Tribunal de Justicia por recurso mal denegado de constitucionalidad por este jury de Enjuiciamiento, con otra integración. Lo interpusimos contra la resolución del 30 de diciembre que no hacía lugar a planteos de recusación e ilegalidad contra el apartamiento del Ministerio Público Fiscal en el rol funcional de acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento que tiene raigambre constitucional”, explicó.

Y agregó: “El jury carece de competencia para desplazar al Ministerio Público Fiscal. Esto configura una gravedad institucional manifiesta. Hemos recurrido al Superior Tribunal siguiendo la vía para agotar la instancia local para llegar a la Corte Suprema. Esto aún no ha sido resuelto, está a despacho. No obstante, voy a declarar la verdad”.

Enseguida, respondió las preguntas de la defensa que se centraron en dos puntos: que las recusación de fiscales deben ser resueltas por el Ministerio Público Fiscal, según lo estipula el artículo 35 de su Ley Orgánica; y que la suspendida fiscal “no vio afectada su objetividad” por haber tenido una inversión en dos fideicomisos en los que estaba el imputado Pedro Opromolla, de la causa Contratos.

Sobre las recusaciones, el procurador explicó que existen diversas posturas en la Justicia al respecto pero que la suya, como la de otros colegas nacionales, es que la Procuración debe tramitar los planteos de recusación; y no un juez.

El tema vino a cuenta porque en la causa Contratos truchos de la Legislatura los abogados Miguel Ángel Cullen y Guillermo Vartorelli, defensores de Gustavo Pérez (exdirector del Servicio Administrativo Contable de la Cámara de Senadores) y Leopoldo Cappa, abogado de Roberto Ariel Faure (acusado de recolectar el dinero de los falsos contratados), pidieron la recusación de Goyeneche por entender que tenía una “vinculación comercial” con Opromolla. Para ello, invocaban el artículo 60 del Código Procesal Penal de la Provincia. La jueza Marina Barbagelata, primero; y la vocal de Juicio Carolina Castagno, después, le dieron la razón a Fiscalía.

El tema llegó hasta el máximo tribunal provincial y devino abstracto porque para entonces Goyeneche se había apartado del expediente el 30 de abril de 2019.

El Jefe de Fiscales defendió la postura de que la recusación debía formularse ante la Procuración: “Más allá de que pueda haber opiniones diversas, contestamos las recusaciones en cada uno de los lugares que nos llaman. Solo ante un gravísima afectación del principio de objetividad corresponde la inhibición del funcionario o hacer lugar a la recusación. Si no se da la gravísima pérdida de objetividad, no se da lugar a la recusación”.

Por otra parte, García afirmó que muchas veces las recusaciones son utilizadas por los defensores como una herramienta para “alongar causas o embarrar la cancha” y agregó que en la causa de los Contratos se dieron muchos planteos con ese fin.

También afirmó que tras la apertura del expediente los fiscales recibieron todo tipo de “operetas mediáticas” por parte del “inframundo de páginas que difunden pescado podrido”. Refirió enseguida a que un medio periodístico difundió en 2018 una supuesta relación comercial entre la fiscal acusada y el contador Opromolla, y que otro difundió un falso chat de WhatsApp con el fin de “embarrar la cancha”.

Ironías por el caso Opromolla

En otro fragmento de su testimonio, el procurador narró que fue la propia fiscal hoy acusada quien le contó que Opromolla tenía una amistad con su esposo –Sebastián Orlando Bertozzi– y que ella había invertido en dos fideicomisos en el que estaba el amigo de su marido e imputado del legajo Contratos.

“La situación del contador Opromolla recuerdo que se conversó. Recuerdo su expresión de asombro. Usted manifestó que este señor era amigo de su esposo. Reímos por estas cosas que nos tocan. Cuando empiezan las opereta y recusaciones nos reíamos de esto que se decía, todas falsedades. Yo bromeaba de estas cosas para cortar la tragedia. Le decía: ‘¡Qué amigo! Le allanaron el estudio, le destruyeron la carrera profesional, le sacaron las computadoras y se le pidió la elevación a juicio con pena a 6 años’. Es una manera contraintuitiva de definir la amistad”, se explayó.

A renglón seguido, añadió que unos meses después Goyeneche le manifestó que existía “un problema registral de una vivienda que ella había adquirido dos años atrás a Opromolla”. “Se trataba de inversiones de fideicomiso. No tiene nada que ver con contratos ni sociedad. Son inversiones anónimas. Lo cierto es que había un retraso en la parte registral y cuando se hacen los embargos aparecía este contador imputado como titular de una porción de este inmueble adquirido en fideicomiso. La excusación tenía como objetivo pedir le levantamiento de ese embargo porque era de su titularidad, no de este hombre. En este sentido podría haberse no excusado y en su momento se iba a descubrir que eso no era de Opromolla. Acepté la excusación el 30 de abril de 2019. No tenía nada que ver con lo que se le endilgaba en los medios, porque eso era una maniobra para embarrar la cancha”.

García reiteró en varias ocasiones que pudo haber rechazado la excusación, porque entendió que no se veía afectado “el deber funcional” de Goyeneche ni su “objetividad” en la investigación del caso de los contratos truchos.

Asimismo, se mostró sorprendido con la recusación a los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry cuando pidieron la elevación de la causa a juicio. Los defensores le endilgaron no haber continuado la investigación a los “niveles más altos” de la organización investigada.

“Era muy gracioso el argumento. Decían que no habíamos investigado al gobernador, al vicegobernador y al vicepresidente primero y segundo de las Cámaras. Lo gracioso es que los defensores se transformaban en fiscales”, aseveró.

Añadió que los argumentos defensivos eran contradictorios puesto que en un tramo del caso afirmaban que los contratos eran legítimos y, de ser así, no existía ilícito, y al final señalaban que no se continuó investigando a otros responsables del desfalco a la Legislatura. “Evidentemente era una maniobra dilatoria y para embarrar la situación absolutamente comprometida, como se demostró en las más 500 hojas de pedido de elevación de causa juicio”, completó.

En esa línea, ratificó que dio “su apoyo enfático al trabajo que habían hecho los fiscales” y destacó que se trata de un “trabajo encomiable”. Sin identificar nombres propios, contó que un abogado cercano a los defensores de la causa Contratos le “tiró un dato”: “Me dijo que se había terminado el far play y que ahora venían por la opereta y los juicios políticos. Le agradecí el dato. Al poco tiempo uno de los abogados anunció que me iban a hacer un juicio político. No tengo ninguna duda que esto está motivado por el avance de las causas de corrupción”.

Al final, ante una repregunta de Justet sobre si estaba en conocimiento de los fideicomisos y si Goyeneche tenía una relación comercial con Opromolla, reiteró que se trataban de inversiones y que no había sociedad. «Yo le hubiera rechazado la excusación porque veía una campaña de descrédito e injuria contra ella. En esta causa hemos llegado a los lugares más bajo de la institucionalidad», cerró.

Otros testigos

Antes del testimonio de García, el Jurado observó una audiencia de apelación de prisión preventiva del 7 de diciembre de 2018, ante la jueza María Carolina Castagno, en el que los abogados Cullen, Vartorelli y Cappa pedían la liberación de sus defendidos de la causa Contratos (Gustavo Pérez y Roberto Faure). Allí, Cullen y Cappa indican que sus clientes estaban embargados y que habían planteado la recusación de Goyeneche por su presunto vínculo con Opromolla. La respuesta llegó después por parte de Goyeneche, quien sostuvo que era falso el dato sobre una relación comercial, como así también que se hayan dispuesto embargos.

Al ser convocada, la jueza Castagno rememoró aquella audiencia: “Usted rebatió los argumento e hizo hincapié en manifestaciones que eran falsas. Dijo que no había embargos, ni líneas telefónicas intervenidas y niega el vínculo comercial con el contador Opromolla”.

Después depuso el jefe de la División Homicidios de la Policía de Entre Ríos, Horacio Blasón, quien contó que participó de los allanamientos al estudio Integral Asesoría (de Opromolla, Guido Krapp y Gustavo Falco, entre otros), del 3 de octubre de 2018. También manifestó que no encontraron al contador Opromolla en su domicilio, por lo que no pudieron secuestrarle el celular.

Luego fue el turno del testigo Fernando Ferrari, ingeniero del Laboratorio de Informática Forense de Entre Ríos, quien mostró al Jurado un programa con toda la información hallada en los teléfonos secuestrados a integrantes del estudio contable investigado.

El profesional fue preguntado por la suspendida fiscal Goyeneche, quien le pidió que realizara una búsqueda de su teléfono o el de su esposo en los celulares de los imputados. De los móviles secuestrados, el nombre de Goyeneche no figura en ninguno de los aparatos, mientras que Orlando Bertozzi sólo aparece agendado en el teléfono del contador Guido Krapp, un amigo con quien en 1998 fundó el estudio OKO, siglas que refiere a las siglas Opromolla, Krapp y Orlando. El aparato solo registraba charlas entre diciembre de 2017 y agosto de 2018.

Fuente: Entre Ríos Ahora