El Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Consejo Empresario de Entre Ríos publicó un análisis de desempeño fiscal de la provincia en 2022. El informe lleva por título: “Resultado fiscal positivo para el 2022, con dudas para el 2023”.
En principio, resalta que “tanto el resultado primario como el financiero el año pasado fueron muy similares, en términos nominales, con respecto a los del 2021. Ajustados por inflación, en cambio, se observa una caída real del orden del 48%”.
Entrando en detalles, cuenta que “los recursos tributarios de origen nacional cayeron en términos reales un 5%. Los recursos tributarios de origen provincial tuvieron una caída en términos reales (-18%), al igual que las transferencias de origen nacional (-15%)”.
Explica que “lo que compensó estas disminuciones fueron los recursos no tributarios que crecieron en términos reales y se explica fundamentalmente por los intereses cobrados, los cuales se triplicaron en términos nominales (242%). Esto hizo que el concepto otros ingresos no tributarios registren un crecimiento del 14% a términos reales”.
Al poner la lupa sobre la composición del gasto público entrerriano, el Consejo Empresario precisa que “el principal ítem, que es el de personal, acompañó la inflación del periodo. El ajuste real se dio por el consumo de bienes y servicios (-9%), las transferencias a municipios (-7%) y al sector privado (-9%)”.
“Con respecto a la Caja de Jubilaciones, el desequilibrio siguió aumentando, con un déficit de $52 mil millones, un 8% de crecimiento real y representó el 75% de los recursos totales de la Caja de Jubilaciones y Pensiones”, explica el informe.
Por último, el Consejo Empresario incluye un par de sugerencias respecto del camino a seguir: “El equilibrio estructural del sector público provincial se logrará cuando se aborde un ordenamiento integral”, sostiene. Enseguida explica: “Esto implica una profunda simplificación tributaria para aumentar la recaudación, incentivando a la formalización y creación de nuevos emprendimientos, lo cual aumentaría la base de contribuyentes, y permitiría reducir la presión impositiva sobre los actuales, ya sea con menores alícuotas y/o mediante estímulos impositivos. Por otro lado, la profesionalización del empleo público implicaría dotar al Estado de la cantidad necesaria de perfiles técnicos y profesionales requeridos y aplicar una rigurosa medición de gestión y resultados”.