El exgobernador Sergio Urribarri deberá sentarse, por segunda vez, en el banquillo de los acusados. Ya fue juzgado y condenado en el marco del megajuicio: el 7 de abril de 2022 recibió la pena de 8 años de cárcel por desviar publicidad oficial en beneficio de empresas propiedad de su cuñado Juan Pablo Aguilera y el uso de fondos públicos para financiar su campaña por la candidatura a la Presidencia de la Nación en 2015.
Mientras tanto, avanza otro proceso contra el dirigente peronista. Se trata de una causa por supuesto pago de coimas durante su gobierno por parte del empresario de origen paraguayo Diego Armando Cardona Herreros, también involucrado con el exmandatario en una investigación penal por supuesto enriquecimiento ilícito.
La imputación contra Urribarri en el caso de las coimas dice que en 2007 “se interesó en favorecer” a la firma de Cardona Herreros, Relevamientos Catastrales SA, y que para ello instruyó a funcionarios “para que aportaran información anticipada y gestionaran dichas contrataciones a favor de Cardona y su empresa, que se vio económicamente favorecida, pagando la Provincia sobreprecios en cada contratación, que fueron utilizados para realizar pagos a los funcionarios intervinientes, en contraprestación por la realización por gestiones pertinentes y actos relativos a sus funciones”.
Agotados los procesos recursivos con un pronunciamiento adverso de la Sala Penal del STJ, que rechazó un planteo para llevar el caso a la Suprema Corte de Justicia, la acción bajó al Juzgado de Garantías a cargo del juez Julián Vergara, que abrió la tramitación de la remisión de la causa a juicio, pedida por el Ministerio Público Fiscal en abril de 2022, más de un año atrás. El magistrado le corrió vista a las defensas y el plazo corriente para contestar es de 5 días, pero en función de que se trata de una investigación de envergadura, con abultada prueba, Vergara dispuso otorgarles un plazo de 30 días hábiles.
Una resolución que firmó el magistrado el pasado lunes señala lo siguiente: “A lo solicitado por los Dres. Andrés Bacigalupo, Ladislao Uzin Olleros y Franco Azziani Canepa -abogados defensores técnicos de Erbes Luis-; y los Dres. José Velázques e Ignacio Esteban Diaz -abogados defensores técnicos de Diego Cardona Herrero- y, en atención a la copiosa y abultada evidencia colectada por la Fiscalía cuya dificultad de análisis y cotejo fuera reconocida por los propios fiscales en audiencias desarrolladas en el trámite de la presente investigación, hágase lugar y otórguese a los Sres. Defensores de todos los imputados en autos el plazo de 30 días hábiles para la contestación de remisión de la causa a juicio”.
Los defensores habían solicitado un plazo de 60 días hábiles.
Fuente: Entre Ríos Ahora